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Los exrectores de la Universidad Veracruzana (UV) llamaron a la Junta de Gobierno de la casa de estudios apegarse a la ley al emitir la convocatoria para la elección de un nuevo rector.
“Cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no sólo la autonomía de nuestra casa de estudios, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza”, advirtieron los exrectores Víctor Arredondo Álvarez, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara González.
Y es que diversos analistas y columnistas políticos han denunciado que el actual rector, Martín Aguilar, busca que se elimine de la convocatoria -al considerar discriminatorio- que los aspirantes tengan máximo 65 años cumplidos al momento de iniciar el periodo, ello debido a que busca reelegirse y sobrepasa dicha edad.
En una carta abierta, las exautoridades universitarias recordaron que les une el deber ético de velar por la autonomía interna y externa de la universidad, su estabilidad institucional y su futuro trascendente.
“Por ello, manifestamos de manera abierta, respetuosa, clara y contundente, nuestra preocupación de que la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana actúe con estricto apego a derecho en cada etapa del proceso de designación de la persona que ocupará la Rectoría de la UV para el periodo 2025–2029”.
Destacaron que en tiempos en los que la transparencia institucional es indispensable para preservar la legitimidad de las universidades públicas mexicanas, cualquier desvío del marco normativo –por mínimo que parezca– puede poner en entredicho no sólo la autonomía, sino también el compromiso ético y social que debe regir su gobernanza.
Recordaron que la legislación universitaria establece que la persona titular de la Rectoría será designada por la Junta de Gobierno, y define con precisión –y sin dejar duda o espacio a interpretaciones meta legales– los pasos y plazos a seguir.
Desde –dieron- la emisión oportuna de la convocatoria, los requisitos que deben cumplir los aspirantes, los mecanismos de auscultación y análisis de quienes aspiran a la rectoría.
“Estas disposiciones legales no son sugerencias: constituyen mandatos legales que deben cumplirse con puntualidad y transparencia, sin interpretaciones. Interpretar la normativa institucional, no es atribución de la Junta de Gobierno”, sentenciaron.
Y advirtieron que retrasar, omitir, interpretar ilegalmente o alterar el curso normativo de este proceso, por la razón que sea, abre la puerta a arbitrariedades que amenazan la credibilidad de la máxima casa de estudios de Veracruz.
“No se trata únicamente de una cuestión técnica o administrativa: está en juego la confianza pública, la certeza jurídica y la legitimidad del próximo liderazgo rectoral”.
afcl/LL
