Luego de que ocho militares fallecieron por la explosión de una mina artesanal en el municipio de Los Reyes, un juez federal consideró que el “Estado mexicano se está viendo superado” por los artefactos explosivos sembrados por el crimen organizado en diferentes localidades de Michoacán.
En acuerdo sobre las acciones de cumplimiento a la suspensión definitiva en la que ordenó a los gobiernos federal y de Michoacán desplegar acciones para identificar y retirar las minas terrestres en la región de la Tierra Caliente, Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, señaló que las autoridades federales y estatales no pueden ser indiferentes ante dicho acontecimiento y están obligados a desplegar hasta el máximo posible los recursos del Estado para garantizar los derechos humanos de todos.
“Esto es así, puesto que los atentados suscitados ya comenzaron a cobrar vidas (civiles y castrenses) en otras áreas del estado de Michoacán; como se puede advertir de los informes rendidos por las propias autoridades responsables”.
Advirtió que el “Estado mexicano se está viendo superado por actos delictivos, específicamente en el detonamiento de artefactos explosivos que clandestinamente se están implantado en diversas localidades del estado de Michoacán, ahora en la localidad de Los Reyes, Michoacán, lugar donde este órgano jurisdiccional no ordenó que se desplegaran acciones relativas a la medida cautelar; sin embargo fue donde suscitaron los hechos donde lamentablemente perdieron la vida elementos castrenses, en desempeño de sus funciones”.
“Por lo que el gobierno (federal y estatal) no puede ser indiferente ante dichos acontecimientos, ya que está obligado a desplegar hasta el máximo posible los recursos del Estado para garantizar los derechos humanos de todos; esto es así, puesto que los atentados suscitados ya comenzaron a cobrar vidas (civiles y castrenses) en otras áreas del estado de Michoacán; como se puede advertir de los informes rendidos por las propias autoridades responsables”, indicó.
El juzgador dio un plazo de tres días a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para que presenten un plan de desminado, toda vez que a la fecha no lo han hecho como se los ordenó en la suspensión definitiva que emitió en la demanda de amparo que habitantes de las localidades “Las Paredes del Ahogado” y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, tramitaron contra la omisión del gobierno federal y estatal de realizar acciones contra la colocación de minas terrestres.
Santamaría Chamú envió sus condolencias al Ejército por la muerte de los militares en mayo: “En ese sentido y de manera muy atenta, con absoluto respeto a la dignidad y derechos humanos, les expresamos, nuestras más sentidas condolencias ante el lamentable e indignante fallecimiento de dichos elementos castrenses con motivo del servicio que prestan al pueblo de México, reconociendo la labor que desempeñan en los lugares donde la gente está sufriendo y necesita de ellos a fin de hacer frente a los actos delictivos que ocurren en el Estado de Michoacán”.
Agregó que, en oficio enviado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó la localización y destrucción de 28 artefactos explosivos improvisados entre el 19 y el 23 de mayo del año en curso, en diversas localidades de la Tierra Caliente de Michoacán.
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