El Congreso de la Unión ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar 26 candidaturas en la elección judicial del próximo 1 de junio. La razón: algunas personas aspirantes enfrentan investigaciones penales, y otras —se afirma— no cumplen con el promedio exigido en la licenciatura. Aunque el argumento se presenta como un esfuerzo por proteger la integridad del proceso, en realidad representa una intromisión indebida, sin sustento legal, y con riesgos graves para la democracia constitucional.
La revisión de requisitos y méritos corresponde a los comités de evaluación. Si un candidato no cumplía con los requisitos, su postulación debió ser descartada desde el inicio. Que ahora el Congreso pretenda revisar o corregir esas decisiones equivale a desacreditar a los órganos técnicos que fueron diseñados precisamente para evitar manipulaciones políticas.
Además, el uso de investigaciones penales como criterio de descalificación revive prácticas autoritarias: basta la sospecha para cancelar derechos. La presunción de inocencia desaparece ante la lógica de que quien esté señalado debe ser excluido, sin juicio, sin defensa, sin sentencia.
Más aún, el listado de personas cuya exclusión se pretende carece de sustento probatorio verificable y ni siquiera se acompaña de documentos suficientes que acrediten las supuestas causas de inelegibilidad. Hay, incluso, casos de homonimia que evidencian ligereza con la que se ha elaborado. No se trata de un análisis técnico serio, sino de una maniobra que busca alterar el resultado del proceso mediante la presión pública y el descrédito.
Esto es especialmente preocupante porque abre un precedente peligrosísimo. Si hoy el Congreso logra que el INE elimine candidaturas por criterios ajenos a los procesos legales ya concluidos, mañana cualquier candidatura incómoda podrá ser desechada. Las reglas cambiarán según la conveniencia del momento. ¿Qué garantía tendrá entonces cualquier ciudadano de poder participar en igualdad de condiciones?
El Congreso no es un órgano de control electoral. No tiene facultades para cancelar registros ni para instruir al INE sobre a quién aceptar o rechazar. Pretender hacerlo, además fuera del tiempo procesal establecido, constituye una extralimitación que erosiona el principio de legalidad y el equilibrio entre poderes.
El INE, por su parte, tiene ante sí una decisión delicada. No puede ceder. Su función es garantizar la legalidad y certeza del proceso electoral, no prestarse a corregirlo según los dictados de la mayoría legislativa. Acceder a esta solicitud equivaldría a traicionar su función constitucional de árbitro imparcial y contribuiría a normalizar la interferencia política en la vida institucional.
Frente a posibles irregularidades, la respuesta no puede ser el ajuste discrecional de candidaturas, sino el fortalecimiento de los canales institucionales previstos para ello. El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano facultado para investigar y, en su caso, sancionar a quienes incurran en conductas indebidas.
Este caso es una prueba más para nuestras instituciones. Si permitimos que se desplacen los procedimientos establecidos, mañana estaremos ante una democracia condicionada por el cálculo político. El INE debe resistir.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista. [email protected]
