México está a días de vivir un hecho histórico que es la elección popular de todos sus candidatos judiciales del fuero común y federal. Si bien las discusiones que hoy se están teniendo ya no son si la reforma fue lo correcto o no; hoy, organizaciones de sociedad civil y la cámara de legisladores están denunciando una realidad que amenaza nuestra democracia.
Las recientes denuncias, presentadas por las organización Defensores AC y el Laboratorio Electoral, ponen en evidencia la vulnerabilidad en la cual en nuestro Poder Judicial podrían estar personas con vínculos al crimen organizado, con sectas religiosas con vínculos al narcotráfico, posesión de armas de fuego, trata de personas, abuso sexual, lavado de dinero y enriquecimiento de recursos ilícitos; y defensores de capos del narcotráfico están siendo considerados para ocupar cargos en el poder judicial.
Entre los casos más alarmantes se encuentra Francisco Herrera Franco, conocido como “el fiscal del terror”, señalado por la presunta colaboración con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos. También está Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se postula para jueza penal en Chihuahua. Y no son los únicos. La lista también incluye a Job Daniel Wong Ibarra, exministro de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado por abuso sexual infantil, cuyas investigaciones no solamente lo implican a él sino a su círculo más cercano, al cual pertenece Wong Ibarra.
¿Cómo podría llegar a vulnerarse el estado de derecho si aquellos con vínculos y compromisos con grupos criminales son quienes toman las decisiones respecto a la justicia en el país?
Esto no es un accidente. Es el resultado de un sistema que privilegia la opacidad sobre la transparencia, la lealtad política sobre la capacidad profesional y los acuerdos de poder sobre el interés público. La prisa en los procesos de selección, la ausencia de una revisión exhaustiva de antecedentes y la complacencia de las autoridades son los ingredientes perfectos para un sistema de justicia secuestrado.
Pero el problema no termina ahí. Cuando se permite que personas con vínculos al crimen organizado o con sectas religiosas señalados por abusos lleguen a posiciones de Poder Judicial, el mensaje es claro: la impunidad no solo se tolera, se premia. En México corremos el riesgo de que los actos de corrupción no sean casos aislados de jueces sobornados para beneficiar con ciertas carpetas de investigación, sino que los grupos criminales extiendan su poder a espacios que deberían estar enfocados en impartir justicia y la ley.
¿Quién protegerá a las víctimas de violación a derechos humanos si quienes deben impartir justicia son señalados por diversos ilícitos?
Debido a que las elecciones en México no tienen precedente a nivel internacional, ya que somos el único país en el mundo que van a elegir el cien por ciento de sus candidatos, es importante que no solo las autoridades, también la ciudadanía, entiendan la importancia de hacer las cosas con transparencia, con ética; perfeccionando los procesos, para que el día de mañana no empeore la seguridad del país, ni vulnere aún más el Estado de derecho en México, que hoy más que nunca, por la realidad de nuestro país, debe ser la máxima prioridad para poder avanzar en la reconstrucción del tejido social.
Es hora de que México entienda que la justicia no puede estar al servicio de los poderosos, sino al servicio de la verdad. Que el Poder Judicial debe ser un refugio para las víctimas, no una herramienta para sus verdugos.
Presidenta de Reinserta. @saskianino
